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El gobierno de Cuba tiene planes de quintuplicar su fabricación de etanol en los próximos cinco años, con vistas a exportarlo, informó una investigadora del Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de Azúcar (ICIDCA).

“Intereses de inversión han llevado al gobierno cubano a trazar un plan para modernizar el sector de etanol para el 2011″, dijo la investigadora Marianela Cordovés Herrera, en la conferencia internacional sobre azúcar y etanol de la empresa F.O. Licht, celebrada en Sao Paulo, Brasil.

Cordovés añadió que el programa estará respaldado por asistencia técnica de la industria brasileña y por inversiones extranjeras.

“La industria de la caña de azúcar de Cuba se convertirá en una exportadora de etanol con el incremento planificado de la producción”, aseguró.

El plan incluye la modernización de diez ingenios azucareros y la construcción de otros ocho, que se basarán en el método brasileño de producción de etanol a partir del jugo de caña, considerado más eficaz que el actual sistema empleado en Cuba, basado en la melaza.

500 millones

En la actualidad, Cuba fabrica aproximadamente 100 millones de litros de etanol al año, del cual se calcula que el 55% es para alcohol carburante, y el nuevo programa prevé un aumento hasta cerca de 500 millones de litros anuales.

Según estimados, el plan requerirá una inversión de entre US$100 millones y US$150 millones.

El apoyo técnico de Brasil es importante ya que ese país, además de ser el mayor productor y exportador de azúcar a nivel mundial, ha liderado durante más de 25 años la producción de etanol a partir de la caña de azúcar.

Cuba, uno de los principales productores mundiales de azúcar en el siglo XX, en 2002 reestructuró su industria azucarera, lo que incluyó el cierre de la mitad de sus 156 ingenios.
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El Gobierno español emitirá hoy su respuesta al ultimátum de la Comisión Europea para que retire todas las condiciones a la oferta pública de adquisición (OPA) de la alemana E.ON sobre Endesa, en la que insistirá en que éstas se “ajustan a la legalidad comunitaria” y, por tanto, se mantienen, informaron ayer a Europa Press en fuentes del Ministerio de Industria.

Bruselas concedió el pasado 7 de marzo a España un último plazo de siete días laborables, que expira hoy, para que retirara todas las condiciones a E.ON, tanto las que impuso la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que no hayan sido derogadas, como las que estableció Industria en noviembre del año pasado.

Así, esta respuesta, que será gestionada a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, se mantendrá en la tesis mantenida por el ministro de Industria, Joan Clos, en sus declaraciones de que el problema con Bruselas se trata de “un conflicto de interpretación jurídica” y que las condiciones a E.ON están basadas “en razones demostrables y objetivas”.

De esta manera, el caso terminará previsiblemente resolviéndose en el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo (UE), al que la Comisión podría acudir en un plazo de dos o tres semanas ante la negativa española a retirar las condiciones.

Esta sería la segunda denuncia contra España ante el TUE por el caso E.ON, ya que Bruselas ya denunció el pasado 24 de enero ante la Justicia europea el decreto de febrero de 2006 que amplió las competencias de la CNE y facultó al regulador energético para analizar la OPA de la alemana.

Bruselas ya ha declarado ilegales estos requisitos mediante sendas decisiones jurídicamente vinculantes –y que por tanto pueden ser invocadas por E.ON ante tribunales nacionales– por vulnerar los principios de libre circulación de capitales y mercancías y el derecho de establecimiento. Sin embargo, las autoridades españolas han repetido en varias ocasiones su negativa a retirarlas, la última por escrito el pasado 22 de enero, alegando que son necesarias para garantizar la seguridad de suministro energético.

Entre las nuevas condiciones que planteó España a E.ON se encontraban la obligación de que Endesa mantenga su marca durante un periodo de cinco años, la prohibición de venta de activos de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla también en cinco años, la obligación de utilizar carbón nacional, y la obligación para el grupo alemán de no adoptar decisiones estratégicas sobre la eléctrica española y que afecten a la seguridad de suministro contrarias a la legislación española.

Fuente: Europa Press

Tras haber obtenido una ampliación del plazo fijado para su salida de Transener, la empresa Petrobras suscribió ayer un acuerdo con la dupla que integran la estatal Enarsa y la privada cordobesa Electroingeniería para venderle el 50% de la sociedad controlante de la transportista eléctrica más importante del país.

Convencidos de que el rechazo oficial a la operación cerrada con el fondo Eton Park ya resulta inalterable, los directivos de Petrobras acordaron con las nuevas compradoras —que cuentan con el aval y el respaldo de la administración kirchnerista— la transferencia de las acciones de Transener bajo las mismas condiciones “jurídicas, económicas y financieras” que tenía el anterior convenio rechazado por el Gobierno.

Según los datos obtenidos por Clarín, el acta-acuerdo que firmaron las tres empresas establece que el nuevo contrato de compraventa de Transener comenzará a materializarse una vez que se concrete alguna de las siguientes instancias: que la Justicia deje firme la inadmisión del Eton Park o que se cumpla el plazo del 29 de junio fijado en el acuerdo con el fondo inversor para conseguir el aval oficial.

A principios de febrero, la Secretaría de Comercio Interior le había bajado el pulgar al ingreso de EP Primrose Spain —una firma controlada por el Eton Park— a Transener. La apelación que presentaron los representantes locales del fondo fue desestimada por el Gobierno la semana pasada, con lo cual el reclamo pasó directamente a la Cámara Nacional de Apelaciones Civil y Comercial, que es la última instancia judicial que le queda al Eton para cambiar la postura oficial.

Por otra parte, los funcionarios de Comercio Interior resolvieron flexibilizar el plazo inicial de 45 días que le habían fijado en febrero a Petrobras para que concrete su salida de Transener. Al responder la apelación de Petrobras, el área que maneja el polémico Guillermo Moreno determinó que los 45 días recién comenzarán a contarse cuando quede firme la descalificación del Eton que ahora está en la Justicia.

La operación en danza por la mitad de la sociedad controlante de Transener —el otro 50% pertenece al grupo local Dolphin— trepa a US$ 54 millones y un desembolso posterior atado al ajuste tarifario que reciba la empresa. La venta también incluye la transferencia del 22% de Yacylec —una de las transportistas eléctricas de Yacyretá— a cambio de US$ 6 millones adicionales.

Fuente: Clarín

La empresa Andina, filial de la petrolera hispano argentina Repsol YPF, aseguró hoy que invirtió en Bolivia 720 millones de dólares desde 1997, al rechazar una auditoría que sólo habla de 60 millones y un presunto incumplimiento de sus compromisos de inversión.

“Andina S.A. desconoce el informe de auditoría así como las cifras que se citan. Los datos mencionados no concuerdan con los resultados alcanzados por la compañía durante sus nueve años de gestión y que constan en informes que son de dominio público”, indicó la empresa en un comunicado enviado a Efe.

Según el diario “La Prensa”, la auditoría hecha por consultoras privadas, por encargo del Gobierno, estableció que Andina invirtió 60 millones de dólares desde 1997, equivalente a menos de la cuarta parte de los 264,78 millones de dólares que tenía comprometidos.

La auditoría recomendó además al Estado enjuiciar a Andina, asumir el control de nueve campos en los que opera sin derecho a compensación e investigar supuestos delitos de fraude, omisión tributaria y manipulación de reservas de gas y petróleo.

Andina es una de las empresas mixtas nacionalizada por el presidente, Evo Morales, en mayo de 2006, cuya gestión aún depende de Repsol YPF, mientras duran las negociaciones para que el Estado boliviano asuma el control de su directorio.

El Estado ya tiene un 48 por ciento de las acciones de la firma, pero necesita subir su participación hasta el 50 por ciento más 1, como estipula el decreto nacionalizador del sector.

En su nota de prensa, la compañía señala que no sólo trabaja con “estricto apego a las leyes del país”, sino que invirtió cerca de 720 millones de dólares en exploración y desarrollo de campos entre abril del 1997 y marzo de 2006.
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Una caída de la gasolina arrastró el jueves a los precios de petróleo estadounidense, luego de la decisión ampliamente esperada de la OPEP de mantener las restricciones actuales a la producción de crudo.

El referencial de los futuros del crudo estadounidense cayó 61 centavos, para cerrar a 57,55 dólares, cediendo las ganancias previas de alrededor de 23 centavos de dólar.

El crudo Brent de Londres para abril concluyó con una baja de 8 centavos, a 60,98 dólares por barril.

Los futuros de la gasolina estadounidense marcaron el camino, con el contrato referencial con una baja de casi 4,7 centavos, o más de un 2 por ciento, a 1,88 dólares el galón, debido a que operadores corrigieron un avance reciente de cara a la temporada de conducción veraniega.

Los mercados de energía están observando los estrechos suministros de gasolina en el principal consumidor mundial de petróleo, justo cuando se aproxima la temporada de mayor demanda, aunque expertos esperan un rebote en la producción luego de que finalicen las tareas estacionales de mantenimiento.

Los futuros del crudo estadounidense cedieron las modestas ganancias previas debido a que las ventas se intensificaron cerca del cierre de la sesión abierta en NYMEX, debido a que inversores soltaron posiciones largas antes del vencimiento del contrato para abril el próximo martes, dijeron operadores.

La decisión de la OPEP en su reunión en Viena de mantener las limitaciones al suministro y no bombear más petróleo, en parte refleja las preocupaciones alrededor del desplome e los mercados accionarios mundiales en las últimas semanas, que podría señalar una desaceleración económica y afectar la demanda de petróleo.

“Estamos vigilando los acontecimientos en los mercados accionarios mundiales para evaluar su posible impacto en la economía global y, en particular, en la demanda de energía,” dijo el presidente de la OPEP y ministro de Petróleo de los Emiratos Arabes Unidos, Mohammed bin Dhaen al-Hamli.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), fuente de más de un tercio del petróleo del mundo, acordó recortar un total de 1,7 millones de barriles por día en dos reuniones previas desde octubre.
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El ministro de petróleo de Irán insistió el jueves en que un endurecimiento en las sanciones de Naciones Unidas (ONU) no obstruiría el desarrollo de la industria petrolera y gasífera del país.

Diplomáticos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Rusia y China en la ONU alcanzaron un acuerdo tentativo para imponer nuevas sanciones a Irán y esperan introducir las medidas el jueves en el Consejo de Seguridad, al llevar la aprobación de sus respectivos gobiernos.

El ministro de Petróleo iraní, Kazem Vaziri-Hamaneh, desairó las insinuaciones de los reporteros acerca de que la industria energética de Irán sufriría como resultado de las sanciones. Irán, miembro de la OPEP, es el cuarto mayor exportador mundial de crudo y además tiene las segundas reserva de gas más importantes en el globo.

“En los últimos 25 años tuvimos que evidenciar sanciones unilaterales de parte Estados Unidos, pero hemos desarrollado nuestra industria petrolera con la ayuda de recursos internos y de otros países,” dijo Hamaneh a periodistas.

“Hemos sido capaces de mantener nuestra producción. No tenemos ninguna preocupación sobre esto,” agregó.

El texto del acuerdo, obtenido por Reuters, incluye una prohibición a la exportación de armas iraníes, un congelamiento de activos de individuos o compañías involucradas en los programas nucleares y de misiles balísticos, además de un llamado a las naciones e instituciones a obstaculizar nuevas concesiones o préstamos.

Esto apunta a penalizar a Irán por negarse a suspender el enriquecimiento de uranio, mediante el cual puede producir combustible para utilizarlo tanto en bombas nucleares como en centrales civiles de servicio eléctrico.

Por su parte, el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ha rechazado cualquier nueva resolución de sanciones de la ONU al calificarlo como “un trozo de papel roto” que no frenará el trabajo nuclear de Teherán, según la agencia de noticias oficial IRNA.
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