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La Asociación Española de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo (GLP) ha decidido “esperar” los resultados de los diversos frentes abiertos en su reivindicación y, si tras la evaluación prevista para finales de octubre no hay resultados, augura un “otoño caliente” de movilizaciones, indicó la presidenta de esta asociación, Concepción Calzada, en declaraciones a Europa Press.

GLP sigue pidiendo al Ministerio de Industria una mesa sectorial y sigue “sin tener respuesta”, indicó Calzada, quien lamentó la “falta de voluntad política” del Gobierno en este asunto. Según dijo, el departamento dirigido por Joan Clos tiene dos opciones: o “regula y responde” a los problemas, o “liberaliza absolutamente el sector”.

“Nosotros estamos abiertos a todo tipo de soluciones, pero el problema no se resuelve metiendo la cabeza debajo del ala”, aseguró la presidenta de GLP, quien recordó que la “crisis” del sector del gas licuado afecta a 10 millones de usuarios, a 820 empresas y a 5.000 trabajadores, y ya genera en algunas zonas de España problemas de abastecimiento.

Además de la mesa sectorial solicitada al Ministerio, la asociación espera que el Parlamento trate por iniciativa del Grupo Mixto una proposición no de ley que dé una respuesta al problema, y que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) elabore un estudio acerca de los costes reales del sector.

GLP tiene previsto contactar con los presidentes de las comunidades autónomas y sus consejeros de Industria para trasladarles sus inquietudes. Calzada explicó además que su asociación ha mantenido entrevistas con los grupos parlamentarios integrados en la comisión de Industria.

ESTUDIO DE LA CNE.

El estudio de costes de la CNE, que podría estar concluido en el cuarto trimestre del año, será a juicio de GLP una “herramienta” positiva elaborada por un organismo “independiente” para conocer el coste medio de la actividad de distribución de gas licuado.

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El Gobierno regional rebaja el tiempo para atender las incidencias y restablecer el suministro. Si los daños provocados son graves, la sanción podría llegar a los 30 millones.

El Ejecutivo de Esperanza Aguirre quiere blindar a la Comunidad de Madrid de un apagón similar al ocurrido en Barcelona este verano. Para eso, prevé endurecer la ley autonómica de garantía de suministro eléctrico aprobada el pasado mes de marzo, convirtiéndose en la primera región en revisar la normativa del sector.

Las medidas se enmarcan en dos ámbitos: reducción de los tiempos máximos de atención de las incidencias y para restablecer el servicio, e incremento de las sanciones fijadas en la norma autonómica por estos incumplimientos.

Así, el proyecto de decreto que desarrolla la ley, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, establece que en un máximo de tres horas desde el apagón deberá estar repuesto el 70% del servicio en la red de distribución de media y alta tensión. Y en seis horas, el restablecimiento debe ser total.

Las compañías deberán, del mismo modo, garantizar el suministro regular de energía –un servicio de calidad durante al menos 24 horas– en menos de un día desde que se produjo la incidencia. El plazo se ampliará hasta 48 horas para que el servicio esté normalizado. El decreto, que ahora estudia el Consejo Económico y Social (CES) madrileño, especifica que esto se producirá cuando el suministro regular esté atendido por una o varias subestaciones y que todas ellas mantengan en reserva un 30% de su potencial por si se produce un aumento inesperado de la demanda.

Pero la normativa madrileña no sólo afectará a las eléctricas, sino también a las empresas que alteren la calidad o la continuidad del suministro (por obras o actividades similares), que podrán ser sancionadas con multas similares a las que deberían afrontar las compañías energéticas.

El endurecimiento de la ley regional responde, según explican fuentes de la Comunidad, al malestar generado en el Gobierno regional por la actuación de las eléctricas tras el apagón ocurrido en el mes de julio del año pasado en la capital autonómica.

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El Comisariado Europeo del Automóvil (CEA) denunció hoy que existen diferencias de hasta un 41% en los precios para un mismo carburante entre estaciones de servicio, según la información recabada de datos oficiales del Ministerio de Economía e Industria.

CEA señala que estas diferencias son de hasta un 74% en el caso del gasóleo B, aunque dentro del gasóleo A (carburante más común que el anterior) se sitúan en torno al 41%.

El Comisariado Europeo del Automóvil subraya que se trata “de una importante diferencia porcentual que ha ido aumentando”, ya que en el 2005 había una diferencia del 32%, en el 2004 del 25% o en el 2002 del 4%.

Por provincias, cabe destacar como las más caras de España a Gerona dentro de la gasolina 95 como en gasóleo A. Huesca es la más cara de gasolina 97 y Murcia en gasolina 98. Sevilla, por su parte, tiene los precios más altos en gasóleo B.

Dentro de las más baratas, destacan Málaga con gasolina 95, Teruel con gasolina 97, Lleida con 98 y Guadalajara con gasóleo A. En gasóleo B la más barata es Palencia.

Por este motivo, CEA aconseja a los conductores que “se detengan a obtener información para conseguir ahorrar hasta un 41%, a la hora de llenar el depósito del vehículo”.

Para ello, los automovilistas podrán consultar la web de CEA: gasolineras más baratas, donde encontrarán una pormenorizada información, por tipo de combustible y por provincia.

Fuente: El Economista

La compañía petrolera estadounidense Exxon Mobil anunció que buscará arbitraje internacional para tratar de solucionar la disputa que mantiene con el gobierno de Venezuela sobre la compensación económica por los bienes recientemente nacionalizados por el presidente Hugo Chávez.

La compañía dijo que ya había pedido audiencia con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones (CIADI), un centro de arbitraje con base en Washington y vinculado al Banco Mundial.

Exxon Mobil asegura que tenía un porcentaje del 41% (por valor de unos US$750 millones) en un proyecto de mejorado de petróleo ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco y nacionalizado por el gobierno venezolano el pasado mes de mayo.

Mediante el proceso de nacionalización, la petrolera estatal venezolana PDVSA pasó a ostentar la mayoría accionaria y el control operativo de varios proyectos multimillonarios de la Faja del Orinoco.

La medida afectó a varias petroleras internacionales, algunas de las cuales lograron pactar amistosamente un paquete de compensación económica antes del pasado 26 de junio, el plazo límite marcado por las autoridades venezolanas.

Pero tanto Exxon Mobil como ConocoPhillips, ambas estadounidenses, rechazaron la oferta del gobierno de Chávez. No obstante, mientras Exxon Mobil busca un árbitro internacional, ConocoPhillips todavía espera poder alcanzar una solución amigable.

Por ahora el gobierno de Venezuela no se ha pronunciado sobre la decisión de Exxon Mobil.

Línea dura

Exxon Mobil estuvo trabajando con el gobierno de Venezuela para alcanzar un acuerdo sobre una compensación basada en una justa valoración de mercado de las instalaciones”, comentó el portavoz de la petrolera, Len D’Eramo, mediante correo electrónico.

“Estamos decepcionados de que las discusiones no hayan sido exitosas”, añadió.

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El grupo argelino Sonatrach considera prioritaria su actividad empresarial en España e Italia frente a los planes de aprovisionamiento de gas natural a Francia, indicó el vicepresidente de comercialización de la compañía, Chawki Mohamed Rahal, en unas declaraciones recogidas por el diario económico ‘Le Maghreb’.

“Por el momento, estamos trabajando en sociedades en España y en Italia porque son prioritarias, pero pienso que a partir de finales de 2008 comenzaremos a trabajar en nuestra participación en el aprovisionamiento del mercado francés”, indicó el directivo.

Sonatrach dispone de un proyecto de venta de gas a Francia de 1.000 millones de metros cúbicos al año a partir de 2010, lo que, según dijo, contribuirá a mejorar la “seguridad en el aprovisionamiento” de este mercado.

Por otra parte, el portal ‘Tout sur l’Algérie’ asegura que Sonatrach tiene problemas con la empresa estadounidense de sistemas de sellado de ingeniería John Crane, que le suministra material de recambio para instalaciones petroleras.

El portal, que cita fuentes de la compañía argelina, explica que Sonatrach ha presentado una demanda en un tribunal. Las fuentes no citan los motivos de la denuncia, pero el portal advierte de que John Crane podría estar vinculado con los directivos de la compañía argelina despedidos en 2005 por el Ministerio de Energía del país por “abuso de confianza”.

Desde ese momento, indica, Sonatrach redujo considerablemente sus relaciones comerciales con el proveedor, pero reconoce que no puede poner fin a la relación porque John Crane es la única empresa capaz de fabricar varias piezas muy específicas y necesarias para la industria petrolera.

La fuente citada por el portal asegura que el grupo argelino ha decidido diversificar al máximo la cartera de proveedores y no volver a depender de un socio exclusivo.

La semana pasada, la compañía rescindió el contrato adjudicado a Repsol YPF y Gas Natural para el desarrollo de la planta de gas de Gassi Touil.

Fuente: Europa Press