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La opa conjunta les permite comprar un 46,05% del capital, que se suma al 46,01% que ya controlaban

Enel y Acciona se han hecho con el control del 92,06% del capital social de Endesa, después de haber conseguido a través de su opa conjunta el 46,05% adicional de la eléctrica, que se suma al 46,01% que ya tenían en su poder.

Según los datos publicados hoy por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la oferta ha sido aceptada por 487.601.643 acciones, lo que representa el 85,30% de los títulos a los que iba dirigida la opa. Del total de acciones que han acudido a la opa, 4.541.626 títulos corresponden a la oferta estadounidense. Por lo tanto, la oferta ha tenido un resultado positivo, ya que estaba condicionada a lograr una participación superior al 50%. Después de la opa, el porcentaje del capital de Endesa que quedará cotizando libremente en bolsa (free-float) se reducirá al 7,94%.

El resultado se ha conocido cuatro días después de que el pasado lunes finalizara el plazo de dos meses que tenían los accionistas de Endesa para aceptar la oferta.

Enel y Acciona pagarán 40,16 euros por acción, lo que supone valorar la compañía en 42.519 millones de euros, prácticamente el doble de los 22.549 millones ofrecidos por Gas Natural en 2005 y un 3,3% superior a los 41.143 millones de la última oferta de E.ON.

El éxito de la opa estaba garantizado dado que el mínimo del 50% estaba asegurado con la suma de la participación de Enel y Acciona (46%) a las de Caja Madrid (9,9%) y la SEPI (2,95%o), que habían mostrado su intención de vender.

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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, firmó un decreto que reduce drásticamente los ingresos de las compañías petroleras extranjeras en concepto de ganancias extraordinarias.

Con esto, se pone fin al reparto equitativo de los excedentes entre el estado y las trasnacionales.

Así, el estado ecuatoriano recibirá el 99% de las ganancias por los ingresos extraordinarios que están percibiendo las petroleras debido a los altos precios del crudo.

Desde 2006, el acuerdo era repartirse los ingresos en partes iguales.

Correa afirmó que la medida es parte de la política de su gobierno, el cual busca recuperar la soberanía energética.

“Estamos poniendo punto final a las pérdidas extraordinarias”, explicó Correa.

“El gobierno de la revolución ciudadana considera que es insuficiente que el estado ecuatoriano reciba el 50% de las ganancias extraordinarias de los contratos de participación, como sucedía en años anteriores”, señaló el mandatario.

Indicó que, con el decreto, se elimina la antigua distribución “inadmisible” de los ingresos petroleros extraordinarios, pues de cada 100 barriles de petróleo extraídos en Ecuador, “para el país quedaban apenas entre 46 y 48 barriles”.

“Impuesto confiscatorio”

Petrobras, Repsol-YPF, Perenco, Andes Petroleum y City Oriente deberán adecuarse a esta nueva política de participación ordenada por el presidente Correa.

La medida fue recibida con sorpresa por las petroleras. El ex ministro de energía, Fernando Santos, que asesora a algunas trasnacionales, afirmó que el decreto es ilegal.

“Se ha violado el derecho internacional que prohíbe la discriminación a las compañías extranjeras (…). Es un impuesto confiscatorio, prohibido por el derecho internacional, por la Constitución y por los contratos”.

Agregó que “es una medida muy similar a la que tomó Fidel Castro en 1960 contra las compañías petroleras extranjeras”.

Para Santos, “el mensaje que se lanza al mundo es que el Ecuador se ha puesto en el mismo plano que Cuba y es un enemigo declarado de la industria petrolera privada. Con este impuesto, las compañías tendrán que trabajar a pérdida y eso no van a aceptar”.

El ministro de Petróleo de Ecuador, Galo Chiriboga, negó que esta medida implique la nacionalización del sector petrolero, que produce un poco más de 500 mil barriles diarios de crudo.

En todo caso, la medida del presidente es vista por los observadores como una solución a los altos subsidios estatales sobre los precios de los combustibles y la puesta en marcha de una serie de planes sociales que están significando gastos extraordinarios para el fisco.

Se cree que, como consecuencia del decreto, Ecuador recibirá cerca de US$700 millones adicionales por año.

Fuente: BBC

El presidente de la Generalitat, José Montilla, aseguró hoy que su Gobierno pretende imponer “a la mayor brevedad” sendas multas a Red Eléctrica de España (REE) y Fecsa Endesa, en función del expediente sancionador abierto ayer mismo por sus responsabilidades en el apagón que dejó sin luz a 323.337 usuarios en Barcelona el 23 de julio, a algunos de ellos durante 56 horas y 42 minutos, según los datos del Govern .

Después de que el Consejo Nacional de la Energía (CNE) publicara hoy su informe, que reparte la responsabilidad del incidente entre ambas compañías, Montilla explicó hoy que el Govern d’Entesa abrió también su propio “expediente informativo”, del que ayer decidió que se derive “un expediente sancionador tanto para la empresa transportadora como para la distribuidora”.

El Gobierno catalán hizo público a última hora de la tarde de ayer el informe que ha desarrollado desde que se produjo la avería, y que ha marcado como responsables del incidente tanto a REE como a Fecsa Endesa; en ambos casos, “por falta de mantenimiento de sus instalaciones”.

El expediente sancionador supondrá una multa económica cuyo valor está aún por determinar, pero que, según fuentes de la Generalitat, puede oscilar entre los 600.000 euros y los 30 millones de euros, tal y como marca la normativa estatal.

El presidente catalán evitó concretar la cuantía hoy también señalando que “se sabrá en su momento” y aseguró que el expediente se tramitará “con la mayor brevedad posible”.

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‘Las negociaciones sobre las cuestiones de cooperación a propósito del gas, incluída la resolución de la deuda actual (…) para la entrega de gas a Ucrania en 2007 continuarán la semana próxima’, indicó la compañía.

Las negociaciones sobre la entrega de gas ruso a Ucrania continuarán el lunes en Moscú, indicó el gigante del gas ruso Gazprom en un comunicado el viernes.

Una ‘reunión de trabajo’ entre el directivo de Gazprom Alexei Miller y el ministro ucraniano de Energía, Yuri Boiko, debe celebrarse el lunes 8 de octubre, indicó.

Fuente: El Economista