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Repsol YPF, la principal petrolera española, está preparando la inyección de medio millón de toneladas al año de CO2 bajo el Mediterráneo. El plan es tomar parte del dióxido de carbono que emite su refinería de Tarragona, trasladarlo a través de un oleoducto a su plataforma petrolífera en la costa (a 43 kilómetros) y allí inyectarlo en los pozos que explota desde hace 27 años y que están casi agotados.

Además de ahorrarse la emisión a la atmósfera, el CO2 aumenta la presión en el yacimiento y permitirá incrementar la extracción del crudo. Una portavoz de Repsol confirma que la empresa tiene avanzado el proyecto, pero señala que no es público y que hay dificultades con la geología del lecho marino, menos accesible de lo inicialmente previsto.

A 43 kilómetros de Tarragona se encuentra la plataforma petrolífera Casablanca, propiedad de Repsol. Abierta en 1983, sus pozos (Chipirón, Lubina, Rodaballo, Angula, Boquerón y Montanazo) dan síntomas de agotamiento. La empresa extrae 2.800 barriles diarios, lejos de los más de 4.000 de los años ochenta.

El secuestro y almacenamiento de CO2 supone para la petrolera una doble oportunidad. Por un lado se puede ahorrar la emisión de medio millón de toneladas al año de su refinería, equivalente a la de 50.000 españoles al año. Además, el dióxido de carbono aumenta la presión dentro del yacimiento y facilita la extracción en pozos ya agotados. Es una tecnología que se utiliza en Tejas desde hace décadas para hacer más productivos los pozos.

El CO2 se captura antes de que salga por la chimenea y se comprime hasta que se haga líquido. Y una vez licuado es transportado por el oleoducto que une la plataforma con la refinería, cerca del puerto de Tarragona. Si el plan funciona, la empresa se podría ver recompensada, ya que cada tonelada de CO2 supera en el mercado los 15 euros. La inyección se haría a más de 3.000 metros de profundidad, ya que a partir de 800 metros el CO2 se mantiene en estado líquido por el aumento de la presión.

Repsol se ha unido a grandes petroleras en el proyecto europeo Castor, como explica uno de los responsables, Tore Torp, de la noruega Statoil. “La captura y almacenamiento de CO2

es una oportunidad mundial para reducir las emisiones y es interesante que haya empresas españolas investigando”, explica la directora general de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Teresa Ribera.

Una portavoz de la empresa confirma que llevan cuatro años estudiando el lecho marino y que la difícil geología ha retrasado el proyecto, que se debe presentar a la Comisión Europea para que le dé el visto bueno.

La Fundación Ciudad de la Energía, en León; Elcogás, en Puertollano, o el Instituto Geológico y Minero tienen también proyectos de almacenamiento de CO2, pero ninguno tan espectacular como el de Repsol.

El Panel Intergubernamental de la ONU estima que el almacenamiento subterráneo permitiría captar entre el 20% y el 40% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono. Este gas se acumula en la atmósfera, retiene parte del calor que emite la Tierra y calienta el planeta.

El principal inconveniente de la tecnología es el coste, pero desde que en 1996 Statoil comenzó a inyectar el CO2 bajo el mar del Norte en su yacimiento de Sleipner, ha ido bajando. Dinamarca ha puesto en marcha una planta piloto donde la tonelada de CO2

se podrá enterrar por menos de 50 euros. Aunque aún sea caro, ninguna petrolera puede quedarse fuera de esta tecnología. A 110 dólares (70 euros) el barril de crudo, cualquier pozo se hace rentable.

Fuente: El Pais

Si alguna vez ha habido un ejemplo de cómo la humanidad es incapaz de soportar el exceso de realidad, es el debate actual sobre el cambio climático. Ninguna persona razonable duda ya de que el mundo está calentándose, ni de que ese cambio se debe a las acciones humanas. Aparte de un grupo cada vez menor que rechaza los hallazgos inequívocos de la ciencia, todo el mundo está de acuerdo en que nos enfrentamos a un reto sin precedentes.

A la hora de decidir qué hay que hacer, la mayoría de la gente -incluidos casi todos los ecologistas- rehúye las incomodidades que acompañan al pensamiento realista. Parece que George Bush ya se ha convencido de que la ciencia del clima no es una conspiración de izquierdas para destruir la economía estadounidense. Sin embargo, tanto él como el resto de nuestros dirigentes políticos siguen insistiendo en que el crecimiento no tiene límites. Mientras adoptemos nuevas tecnologías que se suponen inocuas para el medio ambiente -como los biocombustibles-, la expansión económica puede seguir como hasta ahora. En el otro extremo del espectro, los verdes tienen la fe puesta en el crecimiento sostenible y las energías renovables. Las raíces de la crisis ambiental, dicen -y aquí están de acuerdo con Bush-, están en nuestra adicción a los combustibles fósiles. Con que pasemos al viento, las olas y la energía solar, todo irá bien.

Desde el punto de vista político, Bush y los verdes no pueden estar más alejados; ahora bien, en lo que sí están unidos es en su resistencia a la verdad más fundamental en la crisis del medio ambiente, que es que no puede resolverse sin reducir enormemente nuestro impacto sobre la tierra. Esto significa disminuir la producción de gases de efecto invernadero, pero, en este aspecto, las políticas de moda hasta pueden ser contraproducentes. El paso a los biocombustibles, encabezado por Bush pero en marcha también en varias partes del mundo, significa más destrucción de bosques tropicales, que son un importantísimo regulador natural del clima. Reducir las emisiones al tiempo que se destruyen los mecanismos naturales de absorción del planeta no es una solución. Es una receta para el desastre.

Las recetas habituales de los verdes no suelen ser mucho mejores. Muchas energías renovables no son tan eficientes ni tan inocuas como se dice. Unas granjas de molinos de viento antiestéticas e ineficaces no nos van a permitir renunciar a los combustibles fósiles, y la energía hidroeléctrica a gran escala tiene tremendos costes ambientales. Los métodos orgánicos de producción de alimentos pueden tener beneficios significativos en el sentido de que mejoran el bienestar de los animales y reducen los costes de combustible. Ahora bien, no contribuyen a detener la destrucción de la natu

-raleza que acompaña a la expansión de la agricultura para alimentar a una población humana cada vez más numerosa.

Es decir, las panaceas verdes convencionales no se diferencian tanto de las políticas de Bush. En los dos casos, el resultado no puede ser más que un planeta que habrá perdido su biodiversidad y una humanidad expuesta a un entorno cada vez más hostil. La tecnología, hasta cierto punto, puede sustituir la biosfera destruida, pero, como ocurre con un paciente que vive enchufado a las máquinas, viviremos con los días contados. Un día, la máquina se parará.
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La filial chilena de la firma española Endesa planea construir cinco centrales hidroeléctricas en los próximos 15 años, con una inversión de 2800 millones de dólares. El plan es reemplazar la generación térmica que se alimentó hasta meses atrás con los envíos hoy restringidos de gas argentino. Cuatro de los cinco complejos serán levantados en Aysén, 1720 kilómetros al sur de Santiago, con una inversión de 1500 millones de dólares y otros 1000 para la transmisión de energía.

Fuente: Página/12

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el sábado la orden que regula el derecho de cobro del déficit ex-ante de la tarifa eléctrica, que es el que el Gobierno reconoce de antemano a las compañías en las órdenes trimestrales en las que se fijan las tarifas. Además, la norma publicada el sábado regula el procedimiento de subasta de dicho déficit.

Según el texto legal, las eléctricas tendrán un plazo de hasta 15 años para cobrar el déficit de tarifa (o diferencia entre los ingresos y costes de producción) que, entre el 1 de enero de 2007 (fecha en que se comenzó a aplicar el cobro ex-ante) y el 31 de enero de 2008 ronda los 2.000 millones de euros.

La nueva norma establece que la primera subasta se realice en un plazo de tres meses, antes del 16 de junio. El derecho de cobro incluye el ‘valor base’ que es, como máximo, el establecido en las órdenes de tarifa y los interesese que devenguen hasta su cobro, que se difiere en 15 años. El tipo de interés a aplicar cada año será el del Euríbor a tres meses del mes de noviembre anterior. No obstante, la CNE podrá proponer un tipo de interés referenciado a la Deuda Pública, previa autorización de Industria, que, en caso de desavenencias decidirá la actualización mediante una fórmula que establece la orden y que incluye un coeficiente reductor.

El mecanismo de subasta del déficit de tarifa ha tenido que ser reformado después de que el pasado mes noviembre se declarara desierta la primera puja, por 1.500 millones, a la que sólo acudieron el Santander y la BBK. Industria ha admitido las recomendaciones de la CNE.

Las empresas del sector están esperando también que el BOE publique el real decreto sobre la nueva retribución de la districión aprobado hace varias semanas por el Consejo de Ministros y que no ha entrado aún en vigor.

Fuente: Cinco Días