MADRID. El desafío electoral de Zapatero en contra de las centrales nucleares en España constituye una espada de Damocles que amenaza las expectativas de Endesa e Iberdrola por conseguir que el Gobierno renueve el permiso de explotación de la central de Santa María de Garoña.
En estos momentos, nadie en el Ministerio de Industria se atreve a tomar una decisión a favor de la prolongación de la vida útil de esta instalación, cuyo cierre está previsto para julio del próximo año. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) tiene que emitir un informe técnico al respecto, pero todo hace indicar que la resolución del organismo regulador será aséptica y trasladará toda la responsabilidad al ámbito de actuación político, lo que deja poco margen de duda sobre el futuro, cada vez más negro, de Santa María de Garoña.
Fuentes oficiales consultadas por este periódico aseguraban ayer que, en estos momentos, el Gobierno en funciones no está por la labor de adoptar una resolución contraria a los planteamientos difundidos por el presidente Zapatero durante toda la reciente campaña electoral. Además, la central de Garoña tiene una dimensión muy relativa dentro del parque nuclear por cuanto que sólo cuenta con una potencia eléctrica instalada de 466 megawatios.
Una de las mejores centrales
Tras el cierre de la central nuclear de Zorita en abril de 2006 ahora es Garoña la instalación más antigua dentro esta controvertida tecnología de producción eléctrica. Los expertos consideran, no obstante, que se trata de la central que ofrece los mejores ratios de explotación en España y una de las quince mejor gestionadas del mundo.
Bajo este argumento, Endesa e Iberdrola, sus dos propietarios, solicitaron en julio de 2006 al Ministerio de Industria una renovación del permiso de explotación por un periodo de 10 años, hasta julio del año 2019. El problema es que las inversiones que requiere la ampliación de la vida útil exigen que la decisión de renovación se haga efectiva en un plazo prudente y el tiempo se está echando encima de la central nuclear. Desde el Consejo de Seguridad Nuclear se viene trabajando a conciencia en el expediente de renovación pero fuentes de este organismo aseguran que hasta la primavera del próximo año no se podrá determinar técnicamente la garantía de seguridad que requiere cualquier decisión de apoyo a la prórroga solicitada.
La última palabra de Zapatero
Dentro del Ministerio de Industria están convencidos de que, en realidad, nadie moverá ficha hasta que Zapatero diga su última palabra y tampoco están muy seguros de que el presidente esté por la labor de contradecir su programa para prorrogar la vida útil de la más pequeña instalación nuclear que existe en España. Todo ello teniendo en cuenta que en un plazo de dos años será necesario plantearse una una situación análoga con la central de Almaraz, cuya potencia instalada alcanza los 2.000 megawatios: «El coste económico de cerrar Garoña es mucho menor que el coste político de una decisión que supondría un precedente favorable al desarrollo de la energía nuclear en España», afirman a modo de conclusión las citadas fuentes.
Zapatero se ha convertido, pues, en esclavo de un compromiso electoral que puede producir efectos colaterales en todo el mercado energético. Francia y el Reino Unido están avanzando en sus planes de expansión nuclear y también en el norte de Europa empiezan a florecer los primeros proyectos de instalación de centrales nucleares. En España, por el contrario, el Gobierno socialista se muestra reacio a encarar el debate hasta que no se resuelvan aspectos básicos como es principalmente el destino de los residuos radioactivos.
En este sentido, el propio presidente paralizó meses antes de las elecciones generales el proyecto para la instalación del llamado Almacén Técnico Centralizado (ATC) por el que suspiraban un amplio número de poblaciones españolas que estaban dispuestas a albergar esta especie de «cementerio nuclear» a cambio de subvenciones.
Los ecologistas y el ATC
El célebre ATC concitó las suspicacias de los grupos ecologistas y Zapatero tampoco quiere que la ampliación de la actividad en Santa María de Garoña suponga un factor añadido de riesgo en sus relaciones con estos colectivos que han tenido enorme incidencia en la política energética española de los últimos años.
En cualquier caso, el nuevo Gobierno que se formará a mediados de abril tendrá que encarar el debate sobre la futura planificación energética con la vista puesta en la garantía de los abastecimientos. La dependencia exterior de España en materia de energía es uno de los puntos más débiles en la estructura económica, por lo que la producción nuclear sigue siendo un elemento imprescindible hoy por hoy para asegurar el suministro eléctrico.
El problema de fondo reside en que el presidente se ha declarado como «el primer ecologista del Reino» y ahora la pregunta que se hacen los observadores del sector energético es si una vez renovado su mandato, el líder socialista será capaz de mantener la pose o rectificará sobre la marcha para, al menos, asegurar un nivel de producción nuclear equivalente al actual. La posibilidad de construir nuevas centrales está totalmente descartada pero, así y todo, no se debe olvidar que la energía nuclear representa cerca de una quinta parte de la electricidad que se consume en España.
Fuente: ABC
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