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El parlamento Europeo adopotó una directiva que tiene como objetivo la plena liberalización del mercado del gas. Los diputados proponen que los Estados puedan elegir entre la separación de la propiedad o permitir a las empresas integradas verticalmente mantener sus activos garantizando la independencia de la gestión del transporte. Además apoya limitar el control de las redes europeas por parte de empresas de terceros países, así como reforzar los derechos de consumidores.

El llamado “paquete energético” aborda el mercado del gas y la electricidad. Los objetivos de estas normas son corregir algunas deficiencias que se han observado en la puesta en práctica de la legislación comunitaria existente y lograr un mercado europeo de la electricidad “eficiente y competitivo” que no plantee obstáculos a la entrada de competidores y garantice la seguridad del suministro. Además de reforzar la protección de los consumidores y que éstos puedan elegir suministrador con total libertado y sin constes.

Sobre el mercado de la electricidad, los diputados respaldaron la separación total de la propiedad y rechazaron todas las alternativas que permitían a las empresas mantener sus activos. El mercado de la electricidad es muy distinto del gas, puesto que este último se genera en países terceros y está marcado por una fuerte dependencia del exterior.

La fragmentación del mercado en las fronteras nacionales, el elvado índice de integración vertical y la alta concentración del mercado son el origen de la falta de un verdadero mercado interior. La Eurocámara propone que las empresas generadoras puedan seguir siendo propietarias de los gaseoductos siempre y cuando la gestión de éstos corra a cargo de un “gestor de redes de trasnsporte independiente”, que tendrá “poderes efectivos de decisión”. Los diputados aprobaron una enmienda en la que piden a la Comisión que evalúe la posibilidad de crear un único gestor europeo de redes de transporte.

Aunque con unas condiciones más duras, esta solución tiene como referencia el compromiso presentado por la Comisión Europea basado en la llamada “tercera opción” promovida por ocho Estados miembros, entre ellos Francia y Alemania, en la que las empresas podrían mantener sus activos, pero garantizando una “separación efectiva de intereses”, con equipamiento, personal e identidades distintos para la generación y el transporte.

El diputado italiano Romano La Russa (UEN, Italia), que ha elaborado el informe, coincide con la Comisión en que ni las redes de transporte ni los gestores de redes podrán estar controlados por personas de terceros países a no ser que haya un acuerdo internacional entre la UE y un país tercero.

Protección de los consumidores

Los Estados miembros reconocerán la pobreza energética y establecerán definiciones del concepto de cliente vulnerable. También tendrán que adoptar “las medidas adecuadas para tratar la pobreza energética en sus planes de acción nacionales en materia de energía, con el fin de garantizar la disminunción en términos reales del número de personas” en esta situación. Asimismo, los países “adoptarán medidas para proteger a los clientes finales de las zonas apartadas”

El informe defiende la creación de un defensor del pueblo independiente en el ámbito de la energía. Los diputados subrayan la necesidad de que los países de la UE cooperen para abaratar los costes de la energía y en esta misma línea, las autoridades reguladoras nacionales encargarán a las empresas de gas natural que “introduzcan fórmulas de precios que se incrementen para niveles de consumo más elevados”

Según el informe de La Russa, entre las competencias de las autoridades nacionales figuran garantizar la eficiencia energética y la integración de la producción, a pequeña y gran escala, de energías renovables (por ejemplo, el biogás); asegurar la seguridad del suministro, facilitar el acceso a las redes a los nuevos operadores, aprobar los planes de inversión anuales de los gestores de redes de transporte, establecer las tarifas de transporte y distribución e imponer sanciones a las empresas, como máximo del 10 % del volumen anual de negocios del gestor de redes de transporte, por incumplimiento de sus obligaciones.

El informe del socialista búlgaro Atanas PAPARIZOV, trata las competencias de la Agencia de reguladores de energía y de las Redes Europeas de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad y de Gas. Los diputados exigen que se refuerce el papel de la Agencia, que en la propuesta de la Comisión sólo tiene poder consultivo.

Fuente: Parlamento Europeo