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La empresa estatal argelina Sonatrach anunció hoy haber realizado su primera entrega de gas natural licuado en el puerto de Barcelona a su filial Sonatrach Gas Comercializadora (SGC), dando con ello paso al comienzo de las actividades de comercialización en España y al procesado del gas en la regasificadora catalana.

La compañía indicó que servirá para dar paso al primer cliente del grupo argelino en España, HC Energía, cuya matriz, EDP, da especial importancia a su acuerdo con Sonatrach para el abastecimiento de gas natural a sus futuras centrales de ciclo combinado.

Para Sonatrach, el principal objetivo dentro de su estrategia a nivel europeo, es aprovechar la revalorización de su gas, hacerse con márgenes adicionales en la cadena de negocio y desarrollar experiencia en ventas directas a clientes finales en estos mercados.

Además, el grupo argelino posee un 36% en el consorcio encargado de construir el segundo gaseoducto entre España y Argelia, Medgaz, que dispondrá de una capacidad inicial de 8.000 millones de metros cúbicos anuales de gas y en cuyo proyecto también participan grupos como Cepsa (20%), Iberdrola (20%), Endesa (12%) y Gaz de France (12%).

Fuente: Afrol

CEPSA adquiere participaciones en dos nuevos Contratos para la Exploración y Explotación de hidrocarburos en la cuenca de Ucayalí, en Perú, que pasarán a ser operados por CEPSA una vez las autoridades peruanas hayan formalizado las aprobaciones correspondientes.

En el Bloque 114, originalmente adjudicado a la compañía irlandesa Pan Andean, CEPSA tomará una participación del 60%.

En el Bloque 131, inicialmente adjudicado a Pan Andean, la participación será
del 70%.

Con estos acuerdos, sumados a los ya alcanzados sobre los Bloques 104 y 127, la Compañía amplía su actividad en el área de Exploración y Producción en Perú, disponiendo ya de cuatro contratos.

CEPSA Perú S.A., filial de CEPSA, ha firmado un acuerdo con la compañía Pan Andean Resources PLC para la adquisición, por parte de CEPSA, de una participación en dos Contratos para la Exploración y Explotación de hidrocarburos en Perú, en los Bloques 114 y 131, situados en la cuenca de Ucayali, al sur de Pucallpa, en el centro del país.

CEPSA pasará a ser la empresa operadora de ambos Bloques y adquirirá una participación del 60% en el 114 y del 70% en el 131, una vez obtenga las autorizaciones respectivas de Perupetro (empresa estatal encargada de promover las inversiones en actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en el país).
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La comisión negociadora del convenio colectivo de Cepsa tiene previsto reunirse hoy martes en Madrid para analizar el estado actual de las negociaciones con la empresa, con la posibilidad de adoptar nuevas medidas sindicales, entre las que no se descarta la huelga. Así lo comentó hace unos días a este diario el presidente del comité de empresa de la Refinería Gibraltar-San Roque de Cepsa, Pedro Soler, quien adelantó que UGT «ya tiene preparado un ultimátum y no dará más margen de espera» a la empresa. Añadió que trasladarán hoy esta decisión al resto de sindicatos que componen la comisión negociadora. «Iremos con una propuesta clara para retomar las acciones sindicales», indicó.

En su opinión, los acuerdos de Sevilla del pasado mes de noviembre, que lograron el desbloqueo de una huelga indefinida, fueron «importantes, pero no hay nada concreto, estamos bastante enojados, porque la empresa creyó que con eso ya firmaba el convenio, y no es así».

«Tomadura de pelo»

En opinión de Soler, la demora de la firma del convenio colectivo por parte de la empresa tiene un claro objetivo: el desgaste de los trabajadores y de la comisión negociadora, por lo que entienden que «lo que por ahora tenemos es la tomadura de pelo por parte de la empresa».

Y es que afirmó que no sólo hay asuntos pendientes como los documentos de la jubilación o las retribuciones bases conjuntas, entre otros. Mientras tanto, el comité de empresa se queja de que ni siquiera en este tiempo se les ha aplicado a los trabajadores la revisión del IPC, «tenemos los salarios congelados desde el año 2006, y lo único que pedimos de inmediato es que nos suban lo que sube la vida, el resto del convenio ya vendrá», apostilló el sindicalista.

Fuente: Diario Sur

La compañía petrolífera española CEPSA empezará a operar en Perú, tras la adquisición de un contrato de explotación y producción por dos años en el país andino, indicó en un comunicado.

La compañía española adquirió “el 80% de un contrato de exploración y producción de hidrocarburos” en la cuenca del río Marañón, en el noreste de Perú, en un bloque inicialmente adjudicado a la empresa canadiense Loon Energy, explicó. Se trata de un contrato de dos años que podrá prolongarse otros cinco.

“Este contrato supone el comienzo de su actividad en Perú e irá acompañado próximamente de la firma de nuevos contratos con otras compañías”, aseguró la compañía. Además “CEPSA está en negociaciones, que culminarán a corto plazo, con otras compañías con el fin de incrementar sus actividades en el país sudamericano y que se darán a conocer próximamente”, añadió.

La empresa española opera actualmente, además de en España, en Argelia, Egipto y Colombia. Los yacimientos en los que participa producen aproximadamente 250.000 barriles/día.

Fuente: AFP

La británica BP se salva del varapalo por haber delatado al cartel ante la Comisión

El libro de Petete les va a salir caro a Cepsa y Repsol. La Comisión Europea multó ayer a ambas compañías con 84 y 80 millones de euros, respectivamente, por haberse repartido el mercado del asfalto y fijado los precios durante 12 años. En el cartel participaban, además, la compañía BP (Reino Unido), la sueca Nynäs y la portuguesa Galp. El voluminoso y comprometedor documento descubierto por la Comisión Europea, en el que aparecen reflejados los acuerdos empresariales del reparto del mercado, recibía el nombre de Petete o PTT.

Éste es el segundo varapalo importante que reciben empresas españolas en pocos meses por vulnerar la normativa comunitaria que defiende a los consumidores. El pasado mes de julio, la Comisión sancionó a Telefónica con 151 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de banda ancha. Según Bruselas, Telefónica “impuso un sistema de precios injustos” mediante la reducción de márgenes del mercado mayorista, lo que dificultaba la actuación de sus competidores. El resultado fue que los usuarios españoles pagaron un 20% más que la media europea.

El cartel del asfalto, sancionado ayer con un total de 183 millones, estuvo activo entre 1991 y 2002. Durante estos años, las cinco compañías implicadas se repartieron el mercado del betún, usado para la construcción de carreteras, coordinándose en la fijación de los precios. BP fue la primera compañía en denunciar los hechos a la Comisión, y gracias a esta colaboración ha quedado exonerada de toda sanción, por aplicación de la legislación europea, que establece un sistema de indulgencias a quienes colaboran en la investigación de prácticas ilegales.
Engaños y sanciones

Durante los dos últimos años, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ha sancionado a varios carteles con cerca de 4.000 millones de euros. Kroes manifestó ayer, que “es inaceptable que estas compañías engañen a clientes, autoridades públicas y contribuyentes repartiéndose el mercado durante 12 años”. La comisaria advirtió de que “no tolerará este tipo de actividades ilegales de las compañías que estafan a los clientes y que impondrá duras sanciones a los delincuentes”.

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La Junta de Extremadura ha mantenido contactos con Repsol Butano con el fin de exigir el mantenimiento de los plazos de suministro, desde que tuvo conocimiento de las intenciones de la empresa de cerrar varias plantas de almacenamiento y envasado de Gases Licuados del Petróleo (GLP), entre ellas la de Mérida.

En una nota de prensa, el Ejecutivo extremeño recuerdo que Repsol Butano proviene del antiguo monopolio de la distribución de GLP. Al abrirse el mercado de GLP a nuevos competidores (Cepsa, BP, Galp, etc.) y con el desarrollo del gas natural canalizado, Repsol Butano, que tenía 36 plantas en España, ha cerrado 17, manteniendo abiertas 19 al día de hoy.

A pesar de esta reducción, su capacidad de almacenamiento y envasado está “sobredimensionada”, indica la Junta, por lo que la empresa “viene negociando con los sindicatos a nivel nacional nuevos cierres, de forma pactada con los trabajadores afectados”.

Ante esta situación, la Junta respeta el principio de libertad de empresa en un sector en el que existe competencia, y por tanto se ha marcado como prioridades “el mantenimiento de los plazos de suministro tanto a los consumidores de G.L.P. a granel, como a la red de distribuidores locales de G.L.P. envasados”.

APOYO A TRABAJADORES.

La Junta apoyará a los trabajadores de la planta de Mérida para que, en cualquier caso, el cierre, caso de llegar a producirse, sea pactado con los sindicatos. Además, lamenta la pérdida de puestos de trabajo, pero asegura que está obligada a “asumir las decisiones de las empresas, siempre que se cumpla de manera estricta la Ley, como es el caso”.

Ahora las demás empresas del sector de G.L.P. tendrán la oportunidad de ganar cuota de mercado, en el caso de que empeoren los plazos de entrega por parte de Repsol Butano aun manteniéndose dentro de los límites marcados.

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La Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) insitió hoy en la necesidad de flexibilizar la imposición de porcentajes de utilización de biocarburantes y pidió al secretario general de Hidrocarburos, Juan Guía, que permita reducir la mezcla de bioetanol en gasolina.

El presidente de la organización, Dominique de Riberolles, recalcó en la presentación de la memoria de 2006 de AOP, a la que acudió el propio Guía, la importancia de que la Ley de Hidrocarburos, que incluye la incoporación de biocarburantes en un 5,85% de la capacidad energética, venga acompañada de un desarrollo legislativo “flexible” en el que los operadores puedan elegir el porcentaje de biodiésel o bioetanol que deseen mezclar.

España es exportadora de gasolina e importadora de diesel. Riberolles defendió que se permita incorporar menos bioetanol a la gasolina y más biodiesel al diesel, en vez de un 5,85% estanco para ambos casos, de modo que se reduzcan las importaciones de diesel y no haya excedente de gasolina.

Riberolles dijo desear que la introducción de los biocarburantes “sea un éxito”, pero mostró algunas dudas acerca de si la iniciativa será la solución a la dependencia energética de España y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, consideró que “cada vez que hay una crisis” energética se saca a colación el asunto de los biocarburantes, cuando el desarrollo de estos aditivos “no es una finalidad en sí misma”.

Por lo pronto, continuó, debe tenerse en cuenta el consumo de agua y fertilizantes en la producción de la biomasa a partir de la que se producen los biocarburantes, así como los gastos de transporte asociados a su traslado hasta los puntos de venta.

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Cerca de un centenar de distribuidores de gas butano convocados por la Asociación Española de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo (GLP) se manifestaron hoy frente a la sede Ministerio de Industria para denunciar la situación del sector, y no descartan realizar paros después de septiembre como “última posibilidad”.

En declaraciones a Europa Press, la presidenta de GLP, Concepción Calzada, exigió al Ministerio “voluntad política para resolver el problema” y la “convocatorio inmediata de una mesa sectorial” que permita el desarrollo de un reglamento específico para los repartidores de gas butano y la creación de un sistema de retribución “ajustado a los costes”.

Calzada dijo que su asociación es respetuosa con los cerca de 10 millones de usuarios de gas butano. “Esperamos que (el Ministerio) convoque la mesa, pero si no lo hace, nuestra idea no es convocar un paro”, sino “replantear” el problema en septiembre para “buscar soluciones” que, de no llegar, “harían que no descartáramos el paro”.

Para GLP, el reparto de butano debería ser considerado un servicio público, puesto que ya existen alusiones de este tipo en la regulación y puesto es necesario hacer “que la bombona siga sobreviviendo”.

“Llevamos cuatro años reunidos con Industria y nos prometieron el año pasado desarrollar un reglamento, pero se ha producido un incumplimiento tras otro”, afirmó Calzada, quien propuso que se establezca el pago de 1,5 euros a los repartidores en concepto de servicios domésticos.

Entre los lemas que podían leerse en la concentración de hoy figuran algunos como: “Quiero seguir existiendo y siendo útil”, en alusión a la bombona; “Soy ecológica y económica” o “Si me dejan tengo futuro”.

Los organizadores, que reparten butano de marcas como Repsol, Cepsa o Galp, denuncian la “falta de actuaciones que garanticen la mejora” del sector y “aseguren la continuidad de las empresas distribuidoras”.

Los convocantes dicen estar “cansados” de negociar con Industria “sin haber obtenido más que compromisos que son reiteradamente incumplidos” y se quejan de que en el sector el precio máximo de la bombona está regulado, así como las condiciones de almacenamiento, transporte y entrega domiciliaria, mientras que la retribución que perciben las empresas distribuidoras no lo está y depende del criterio de las grandes petroleras.

Fuente: Europa Press

La Asociación Española de Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo (GLP) ha convocado a los distribuidores de butano de todas las marcas –Repsol, Cepsa y Galp– a una concentración frente a la sede del Ministerio de Industria el próximo lunes a las 13.00 horas, en protesta por la situación del sector, caraterizada según los organizadores por “falta de actuaciones que garanticen su mejora” y “aseguren la continuidad de las empresas distribuidoras”.

Los distribuidores dicen estar “cansados” de negociar con el Ministerio de Industria durante cuatro años “sin haber obtenido más que compromisos que son reiteradamente incumplidos”. El Gobierno, señala la asociación GLP, aplica una regulación incompleta en el negocio del butano, cuyas bombonas utilizan 10 millones de hogares.

En concreto, la organización se queja de que en el sector el precio máximo de la bombona está regulado, así como las condiciones de almacenamiento, transporte y entrega domiciliaria, mientras que la retribución que perciben las empresas distribuidoras no lo está y depende del criterio de las grandes petroleras.

“Los distribuidores reciben de las petroleras aproximadamente dos euros por botella repartida, y con tal cantidad deben pagar sueldos de conductores y repartidores, almacenes, oficinas, vehículos, combustible, seguros, y demás elementos necesarios para el almacenamiento y distribución del gas envasado”, lamenta la organización.

Los ingresos de los distribuidores son cada vez menores, al tiempo que mantienen su compromiso de repartir las bombonas en un plazo máximo de 48 horas y ven cómo la venta de bombonas se ha reducido considerablemente por la la expansión del gas natural y otras formas de energía.

Los convocantes piden una adecuación urgente de la retribución de los distribuidores a los costes incurridos, la separación del servicio de entrega domiciliaria del precio de la bombona, la elaboración de un reglamento de la Ley de Hidrocarburos sobre GLP y la creación de una mesa sectorial con distribuidores, operadores y administración.

Fuente: Europa Press

El grupo gasista argelino Sonatrach ha pedido al Ministerio de Industria la suspensión cautelar de las condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) al aumento del 26% al 36% de su participación en Medgaz, indicaron fuentes del departamento dirigido por Joan Clos a Europa Press.

Tras la solicitud de la suspensión cautelar de las condiciones, el Ministerio cuenta con un mes para pronunciarse. Junto a esto, Sonatrach presentó el viernes un recurso de alzada ante Industria contra la misma decisión, para cuya resolución el Gobierno cuenta con un plazo de tres meses.

Las mismas fuentes explicaron que las negociaciones con la compañía argelina continúan, y que las mismas se centran especialmente en la comercialización de gas en España y en las condiciones fijadas por la CNE.

Entre estas condiciones figura la que limita a 1.000 millones de metros cúbicos (1 bcm) la cantidad de gas que Sonatrach podrá vender al año en España, frente a los 3.000 millones de metros cúbicos que podrá transportar a través del futuro gasoducto Medgaz.

Esta circunstancia ha generado críticas por parte del Gobierno argelino. El ministro argelino de Energía, Chakib Khelil, ha acusado a los reguladores de interferencia y ha amenazado con licuar el gas y venderlo a otros países

Por su parte, Medgaz, ha mostrado su confianza en que todos los socios mantengan su compromiso con el proyecto. “Todos los socios han estado cumpliendo con su compromiso y confiamos en que así siga siendo”, afirmaron fuentes de Medgaz a Europa Press.

La CNE autorizó con condiciones a Medgaz a elevar su participación del 26% al 36%. En el proyecto también participan Cepsa e Iberdrola, con un 20% cada una, además de GDF y Endesa, con un 12% en cada caso.

Fuente: Europa Press