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La eléctrica italiana Enel, propiedad en un 30% del Estado italiano, irrumpió ayer en la batalla por la propiedad de Endesa al comprar un 9,9% de la eléctrica a 39 euros por acción, 25 céntimos más que la oferta de E. ON. Hoy ha confirmado la compra, ha asegurado que la operación no tiene relación con otros accionistas y ha dicho que piensa seguir comprando títulos hasta llegar al 24,9% en la eléctrica (el máximo a partir del cual es obligatorio lanzar una OPA). Su incursión, sumada a la de Acciona que, con un 21% es la primera accionista de la eléctrica, podría cristalizar en la llamada solución española y poner contra las cuerdas la OPA alemana. La cotización de Endesa está suspendida hasta que se conozcan más datos de la operación. Los títulos volverán al parqué a un precio de 38,12 euros, tras la aguda caída de ayer del 0,88%, motivada por los recortes en las bolsas de todo el mundo.

La compañía alemana de suministro energético se ha limitado a decir que sigue comprometida con su oferta por Endesa pese a la compra del 9,9% de la italiana Enel. En un comunicado de prensa, E.ON ha asegurado esta mañana que “continuará con su oferta por Endesa en su forma actual, independientemente de la compra de acciones de Enel”. “La oferta de E.ON es la única que está disponible para todos los accionistas de Endesa”, ha añadido en el comunicado.

A un mes de la junta de Endesa, cobra peso la posibilidad de un pacto para bloquear a la alemana. Con el 21,03% de Acciona, el 3% en manos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) -cuya abstención en la junta favorecería a Acciona- y el 9,99% de Enel (que podría llegar al 25% según se afirmaba ayer en los mercados), las bazas a jugar por el grupo alemán disminuyen significativamente. E.ON condicionó el pago de 38,75 euros por acción de Endesa al levantamiento de los blindajes de la compañía, para lo que necesita la aprobación del 50% del capital.

Por eso, la CNMV ha pedido a Enel, esta mañana, que aclare su intención de voto en la junta general de accionistas de Endesa, que se celebrará el próximo 20 de marzo. Sobre esto, Acciona ha asegurado que está dispuesta a hablar con Enel y ha ratificado su estrategia de obstaculizar a E.ON.

Un golpe de efecto

Mientras, comienzan a conocerse algunos de los detalles que fraguaron este golpe de efecto. Ayer, se daba por descontado que el primer ministro italiano Romano Prodi y el presidente español José Luis Rodríguez Zapatero abordaron el tema hace apenas 15 días, durante la visita oficial del italiano. Entonces, planearon dos operaciones de parecida envergadura, que muchos comentaristas entienden ya como un cambio de cromos: Enel entra en Endesa y Telefónica, en Telecom Italia.

Además, según una información aparecida en el diario Negocio, Zapatero se reunió el pasado día 16 en La Moncloa con importantes empresarios españoles para abordar con ellos la operación. Entre los que se encontraban los presidentes de Acciona, José Manuel Entrecanales; y de Sacyr, Luis del Rivero.

En la reunión, en la que también estuvo presente el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, Zapatero habría trasladado a los empresarios la disposición de su homólogo italiano, Romano Prodi, de liberalizar el mercado interior de este país a diversas iniciativas empresariales españolas a cambio de que el Ejecutivo español apoyara la entrada de la eléctrica Enel en el control de Endesa “o de otra energética española”.

En virtud de este acuerdo, según el citado periódico, Enel entraría en Endesa como accionista relevante o incluso de control, mientras que la gestión quedaría en manos de Acciona. Como contrapartida, el Gobierno italiano se comprometía a cesar en las injerencias de lo público en las grandes operaciones españolas.

El Gobierno se desvincula

Fuentes del Gobierno, no obstante, destacaban que la compra de Enel es una operación más en un mercado que es libre y que, recordaban, fue abierto en su día por la propia Endesa al buscar un caballero blanco contra la OPA de Gas Natural.

Tanto el carácter de Enel (pública en un 30%), como su posición en España (es propietaria de Viesgo), como las dificultades que opone a la OPA de E.ON auguran nuevos periodos de agitación. Para empezar, la legislación en vigor desde 2001 -año de la pelea en torno a Hidrocantábrico- limita al 3% los derechos de voto de una empresa pública extranjera en el sector energético. La ampliación de derechos, como ya se hizo con la portuguesa EDP en Hidrocantábrico, requeriría la aprobación del Gobierno previo informe de la CNE.

Fuente: El País